Esta semana se dio a conocer el nuevo Índice de Pobreza Multidimensional diseñado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI). El estudio señala que 1.2 billones de personas en 111 países son multidimensionalmente pobres.

De ellas, más del 50% carecen de electricidad y combustibles limpios para cocinar, el 40% tiene acceso insuficiente a agua potable y adecuados servicios sanitarios; dos tercios de esas personas viven en países de renta media; y el 83% se encuentra habitando en áreas rurales.

Una de las innovaciones del índice es el diseño de “perfiles” de pobreza. Esto nos permite entender cómo distintos factores afectan simultáneamente a las personas, intensificando los niveles de pobreza. Asimismo, abre las puertas a que el Estado y otros actores colaboradores puedan focalizar de manera más eficiente soluciones interconectadas para estos individuos, familias y comunidades.

En América Latina, por ejemplo, se identificó que el grupo mayoritario de personas que viven en pobreza multidimensional en la región sufren de malnutrición (13,8%); el segundo grupo se ve impactado por la combinación de la mortalidad infantil y la falta de adecuados servicios sanitarios (5,3%); y el tercer grupo está afectado por los pocos años de escolaridad, sumado al déficit de adecuados servicios sanitarios, combustible para cocinar, y acceso al agua potable (4,2%).

Si bien este informe no incorpora datos de Chile, lo último referente a pobreza multidimensional lo podemos observar en la encuesta CASEN 2020 realizada en pandemia. En este índice -en el que no se realizaron preguntas relativas a redes y cohesión social- se detectó un aumento en carencias de los hogares en factores como el rezago educacional, malnutrición, seguridad social y hacinamiento.

Una de las complejidades que plantea enfrentar la pobreza multidimensional radica en la enorme cantidad de esfuerzos que se deben coordinar para combatirla. Por ejemplo, en un hogar con necesidades en acceso a servicios sanitarios, nutrición saludable y asistencia escolar es probable que intervengan tres ministerios (o servicios), un gobierno regional, un municipio, una fundación y una empresa privada. En consecuencia, la oferta pública y privada se termina superponiendo y alterando los resultados esperados.

Por lo anterior es que analizar la pobreza en base a “perfiles” puede ser un aporte para combatir esta complejidad a través de un mejor diagnóstico de la situación, caracterización de los usuarios y diseño de la oferta social. Para cumplir con estos objetivos necesitamos un Estado ágil que permita el intercambio de información entre las instituciones que lo conforman (ministerios, subsecretarías, servicios, gobiernos regionales y municipios), que disminuya las barreras de colaboración con la sociedad civil y el sector privado, y que mida con frecuencia la efectividad de los programas que diseñe y ejecute.

Si bien es un esfuerzo costoso, es importante agotar todas las instancias para que las familias vivan en dignidad. Desde el Estado, la academia, la sociedad civil y el sector privado la pobreza se debe instalar nuevamente como una urgencia país, y debemos tener las mejores herramientas para enfrentarla.