Durante la Revolución Francesa existieron dos grupos de revolucionarios muy diferentes entre sí. Por un lado, estaban los jacobinos, agrupación de extremistas, termocéfalos, con quienes se asocian los tiempos del terror en dicho proceso histórico. Rodó más de alguna cabeza en ese tiempo, hasta la de su mismo carismático líder, Maximiliano Robespierre (1758-1794). Y, por otro lado, había otro grupo empujando el proceso de renacimiento social que significó la revolución: los girondinos. Nombrados así por la procedencia girona más o menos homogénea de sus miembros, una zona del suroeste de Francia, buscaban reformas estructurales que resolvieran la atribulada situación del país  pero sin caer en los excesos jacobinos. Inicialmente, estos tuvieron el dominio de la Asamblea que reemplazó a los Estados generales; no obstante, apenas arribado el régimen del terror, sucumbieron como todos a la guillotine. Ambas agrupaciones, en definitiva, empujaron la revolución, aunque en intensidad diversa. En Chile, ¿la revolución octubrista estaría compuesta por agrupaciones de talante parecido?

En nuestro país la revolución también ha presentado ambas facetas. Han estado los revolucionarios “de tomo y lomo”, aquellos que justificaron la violencia que se desató el 18-O, que la sindicaron como “desobediencia civil” y que hoy tienen el poder del Ejecutivo. Pero, también, por otro lado, han estado los girondinos. Sin embargo, en nuestro país estas agrupaciones se han notado mucho menos, especialmente porque la intensidad del desorden jacobino chileno ha sido tal que ha nublado, encubierto, sin querer, el accionar de los “moderados”. Con todo, están ahí, y son ellos los que se han tomado el poder recientemente. A mayor abundamiento, son “el grupo de los 8” los girondinos, quienes, de centroizquierda a centroderecha, acaban de llegar a acuerdo con los revolucionarios extremistas jacobinos para llevar a cabo, de todos modos, al margen de la democracia, los cambios que supuestamente la Constitución chilena requiere. Pasaré a mi explicación.

El acuerdo constitucional del pasado lunes 12 de diciembre de 2022 puede aparentar inmovilidad. Ciertamente, las bases institucionales son varias y, al parecer, inconmovibles, puesto que estarían al margen de las grandes discusiones que, supuestamente, los órganos que tienen la tarea de crear una nueva Constitución deben realizar. Entre ellas se pueden reconocer la condición unitaria del país, los emblemas nacionales y otra lista de elementos. No obstante aquello, existen puntos importantes que no son originarios de la Constitución anterior, sino reformas estructurales que quieren hacer pasar como bases de acuerdo previamente existentes. Uno de esos elementos, el más importante, sería el punto quinto del acuerdo: “Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas”. Aparentemente, no hay cambio alguno con lógicas anteriores de cómo se llevan a cabo las políticas públicas en el país. Sin embargo, este elemento consagra el paso definitivo hacia un Estado de Bienestar o, en términos girondinos, un Estado solidario, del cual ya he hablado en mi libro Girar a la derecha (2021). Es la punta de lanza de las reformas que el Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) ha buscado instalar, pero que esconde más de lo que insinúa.

Nuestro país consagra, desde el artículo 1° de la actual Constitución, al Estado como uno de tipo subsidiario. Esto quiere decir, en su vertiente negativa original -aquella que reconocía el mismo filósofo liberal, José Victorino Lastarria, como uno de los principios básicos del liberalismo, y que también Jaime Guzmán apoyaba siendo un pensador conservador- que el Estado actúa en aquello que la sociedad civil no pueda proveerse por sí misma. Bajo la sospecha de que un Estado más grande pudiera, como diría el filósofo español, Ortega y Gasset, “chupar el tuétano de la sociedad, hasta dejarle hético”, se prefiere que la sociedad civil tenga prioridad al momento de otorgar los bienes públicos, no desconociendo el papel del “Gran Hermano” en momentos de necesidad o desinterés privado. A pesar de ello, la centroderecha se compromete, a través de este acuerdo, a aumentar la presencia estatal, a instalar, como lo llamó Mansuy en Nos fuimos quedando en silencio (2016), la subsidiariedad positiva, la que otorgaría al Estado mayor poder y, por consiguiente, a los políticos. La promoción progresiva de los derechos sociales es simplemente eso: más Estado, más política, aunque dichos bienes públicos, se provean también de manera privada. El margen de cambio es considerable y ratifica lo que en un momento se dijo: cualquier cambio constitucional iría en demanda de más Estado. Más encima, teniendo en cuenta la discusión en sordinas del modelo chino como propuesta hegemónica política, más Estado solo significa mayor control de la vida y espontaneidad social.

En conclusión, por favor, no seamos ingenuos. La revolución sigue en marcha, solo que aparentemente moderada, de manos de los girondinos. Puede que la intensidad sea menor, pero los girondinos, menos bulliciosos, son revolucionarios igual. De eso no les quepa duda.