Con un retraso de más de dos meses respecto al plazo autoimpuesto, a fines de octubre el Gobierno debiera presentar su propuesta de Reforma Previsional. Si bien aun no se conoce el texto, el propio Ejecutivo ha comunicado los principales lineamientos respecto a su contenido, resaltando dos anuncios: El aumento en un 6% de la tasa de cotización obligatoria, que irá a un fondo de reparto administrado exclusivamente por el Estado; y la monopolización por parte del Estado de la administración de cuentas previsionales, en lo relativo al actual 10% de cotización obligatoria de capitalización individual. Ambas modificaciones que se sugieren, en vez de estar orientadas al mejoramiento de las pensiones, ponen el énfasis en el aumento de la intervención estatal en materia previsional y en la restricción de la libertad de los ciudadanos para elegir entre diversas alternativas, ya sea respecto a la gestión financiera de los fondos como de su administración, contradiciendo no solo la evidencia, si no también la opinión de una inmensa mayoría de chilenos que busca que los fondos de pensiones sean de su propiedad, heredables y que se contemple la libertad de elegir.
Respecto al destino de la cotización adicional, el sistema de reparto, en el cual los aportes de los trabajadores van a un fondo común, es insostenible financieramente -producto de la inversión de la pirámide demográfica, proyectando para 2050 sólo dos trabajadores activos por uno pasivo-, es regresivo -pues se hace solidaridad exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores formales y no con los recursos de quienes más tienen, como la PGU- y atenta directamente contra las preferencias de los chilenos, que quieren que la cotización adicional vaya íntegramente a sus cuentas individuales, pueda ser heredable y puedan elegir quien administra sus fondos. Por su parte, el intento por centralizar (monopolizar) la recaudación, el servicio y el pago de pensiones en un órgano estatal convertiría al IPS en el “registro civil de las pensiones”, donde probablemente la incapacidad de realizar todas las gestiones que hoy realizan los privados termine por generar largas filas para ser atendido. Es ampliamente conocida la deficiencia estatal en la provisión de servicios a los ciudadanos y en esta materia no hay evidencia que pudiera dar cuenta de economías de escala para justificar la medida. La solución debe ser más competencia de la que ya existe, no menos como se propone.
Todo lo anterior da cuenta de que la propuesta gubernamental es eminentemente ideológica y no se hace cargo de las principales causas por las cuales las pensiones son bajas en Chile, las cuales son la tasa de cotización, densidad de cotizaciones (lagunas previsionales) y las expectativas de vida. Es ahí donde se deben enfocar los esfuerzos de mejoría del sistema.
Considerando la contundente derrota experimentada por el Gobierno en el plebiscito del 4 de septiembre, la evidencia y las preferencias de los chilenos, es de esperar que el Parlamento pueda morigerar esta radical propuesta, poniendo foco en mejorar las pensiones antes que en entregarle más poder al Estado en materia previsional.
