Estamos ad portas de una decisión supuestamente importante. El 4 de septiembre el pueblo chileno escogerá dos modelos de coexistencia. Uno, basado en una propuesta revanchista de izquierda que ha cometido los mismos errores que se le endilgan a la proposición creada en los 80. Y otro modelo que, simplemente, se erige en base al rechazo de la otra propuesta y que, de concretarse, se abrirá, se quiera o no, a cambios que nos empujarán en una sola dirección: un ciclo estatista, parecido al que se llevó a cabo durante el siglo XX. Con todo, e independiente de la certeza del período en el que nos sumergimos, quisiera plantearme la pregunta: ¿cuál o cuáles son las razones que hacen de esta propuesta, más allá de las evidentes razones originarias, una imposible de aprobar?

Propongo que existirían tres razones fundamentales para el fracaso constitucional. La primera estaría asociada a un desconocimiento de la condición aspiracional del chileno. Desde los inicios de nuestro país, el chileno promedio ha aspirado a ser otra cosa, distinta de sí, entendiendo que en la concreción de dicha aspiración estaría incluido un mejor estándar de vida. Los mestizos, durante la época de Indias o colonia, querían ser criollos y, estos últimos, querían ser españoles. La Independencia trajo consigo la trasfiguración del ideal aspiracional, pero no su animus. Durante el siglo XIX la clase social alta se afrancesó, mientras la clase media que comienza a surgir durante los 50’ de ese siglo, y la clase baja, solo querían codearse con la élite. Los negocios en el norte y el comienzo de la banca en Valparaíso trajeron consigo los modos ingleses, los que se consolidaron durante la primera mitad del siglo XX, cuadro que solo cambiará durante el desarrollo de la Guerra Fría, siendo Estados Unidos el modelo. No obstante, todo lo dicho, por ningún lado aparece el indígena como modelo de vida. Una propuesta constitucional que establece una élite indígena, que tiene poder de veto y privilegios por sobre la realidad del chileno es imposible que aspire a ser aceptada.

Por otro lado, aunque relacionado con la idea aspiracional, tiene que ver con el desconocimiento por parte de los convencionales de la realidad propietaria del país. Es evidente que el chileno promedio durante los tiempos coloniales o de Indias no podía aspirar a ser propietario. La pobreza siempre fue la nota general de la realidad del país, incluso para las clases altas, las que, a diferencia de lo que ocurría con los criollos y españoles de los virreinatos vecinos, como el del Perú y el del Río de la Plata, tenían mejores condiciones económicas. El surgimiento de una clase media durante los 50’ del siglo XIX y la consolidación de la misma durante mediados del siglo XX tampoco trajo consigo un aumento considerable de la propiedad privada, la que todavía era vulnerable. Esto permitió que se anidara en la mentalidad chilena el discurso de lucha de clases de manera más estable, en tanto, lo que Marx dijo, se hacía realidad: el trabajador promedio no tenía nada que perder. Sin embargo, lo que Pinochet en su momento estableció como una promesa, durante estos últimos 30 a 40 años se volvió realidad: el chileno promedio pudo acceder a la propiedad, especialmente de su casa y automóvil. A pesar de estar endeudado, la propiedad privada se expandió en el país y, por lo mismo, una proposición que desconoce esa realidad, que promete vulnerar tu propiedad inmueble si una comisión indígena decide que tu casa está en “territorio ancestral”, o que te dice que tus ahorros previsionales ya no serán tuyos, o la mera idea de que la carta magna solo pueda asegurarte la tenencia y no la posesión de tu casa, si es que lo haces por vía de subsidio, es una afrenta total a la constitucional social de la propiedad en Chile.

Por último, pero no menos importante, me parece evidente que hay una jugada poco inteligente desde una dimensión política. La supresión del Senado no solo trae consigo menor calidad legislativa y convierte al Congreso en una máquina despiadada de elaborar leyes, las cuales por evidentes razones pierden efectividad, sino que fue un insulto para un sector político, el único que apoyaba, dentro de la formalidad política, la propuesta: la centroizquierda. Bien se puede pensar que la ex Concertación, ex Nueva Mayoría –y no sé cuántos ex- ya no existe. Con todo, son los que cedieron su lugar protagónico a la izquierda más radical, desnudando a su vez los cuadros más radicales y juveniles que estaban en su seno y, además, los que aspiraban, de algún u otro modo, a llenar las filas del Senado. La teórica mayoría edad necesaria para ser integrante de esta corporación dejaba fuera prontamente a las generaciones nuevas que, más extremistas, encuentran su suelo fértil en la Cámara de Diputados. Destruir el Senado es restringir el apoyo posible de ese sector, con quienes se obligan a negociar. De no hacerlo, arriesgan perder el balotaje.

En conclusión, los tres grandes errores de la propuesta constitucional es haberse vuelta abstracta. Sin tener consideración por la realidad social del chileno promedio y el escenario político, los convencionales parecen haberse creído por sobre la ciudadanía y sus necesidades, cortaron vínculos con la realidad, la superaron, al punto que bajo un discurso revanchista e ideológico simplemente obviaron que la historia y contexto actual eran distinto a lo que prevalecía en sus sueños más locos. Esperemos que el rechazo obligue a que la política se allegue más a la realidad social del país y a que el populismo que algunos denuncian no tome visos de hegemonizarse.